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Mónica Colomer, Manuel Alcántara Sáez 
América Latina es la región más desigual del mundo, pero tambien la que más ha reducido la desigualdad en las últimas décadas. El obstáculo para avanzar y evitar un retroceso es la falta de recursos públicos. ¿Cómo puede la cooperación internacional apoyar una reforma fiscal? El principal reto que tienen los países latinoamericanos es la perversa combinación existente entre desigualdad y pobreza, un asunto que, además, es centro de preocupación de la cooperación al desarrollo internacional. El binomio desigualdad-pobreza ha sido abordado desde diferentes aproximaciones en términos de políticas económicas, sin embargo a lo largo de la última década los relativos éxitos logrados se han visto afectados por la desaceleración económica en la mayor parte de la región desde 2014.
América Latina y el Caribe disponen de nuevas y más cualificadas capacidades para hacer frente a sus problemas de desarrollo relacionados con la persistencia de la pobreza y la desigualdad social. En la última década, la región ha vivido una etapa de crecimiento económico y estabilidad política, registrando sustanciales avances en sus niveles de desarrollo, lo que ha permitido que unos 60 millones de personas salgan de la pobreza incorporándose a las clases medias. Sin embargo, la región no está exenta de los riesgos y amenazas de un escenario internacional cada vez más complejo y sujeto a un alto grado de incertidumbre. La actual coyuntura también presenta en contrapartida un gran potencial y oportunidades que los países latinoamericanos pueden aprovechar para favorecer su crecimiento y un desarrollo más inclusivo y solidario.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2014 el 28 por cien de la población de la región (unos 167 millones de personas) sigue en la pobreza, y el 12 por cien (unos 71 millones de personas) está en situación de pobreza extrema. La insuficiencia de los recursos públicos de los países latinoamericanos es una de las razones fundamentales por la cual los gobiernos no consiguen proveer suficientemente a sus ciudadanos de servicios de educación, salud, transporte público, protección del medio ambiente, tecnología e inversión que redunde en una mejora de la productividad, con el consiguiente crecimiento económico y desarrollo social. La mejora de la productividad requiere inversión en capital humano e infraestructura. Asia le sigue sacando una gran ventaja a América Latina a este respecto: los países asiáticos dedican a esa inversión una media del 40 por cien del PIB frente al 21,7 de los latinoamericanos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
