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María Carolina Espitia Becerra
El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza un análisis sobre el papel económico y social que juegan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Colombia. Nuestro país ha sabido reconocer el despliegue y la importancia de este nuevo servicio público, buscando que el ordenamiento jurídico esté orientado a lograr un acceso y un servicio universal de las TIC. El análisis se centra en el sector de las telecomunicaciones, realiza un estudio de los mercados, de la estructura de regulación y sus reformas. Por la relevancia que tiene la regulación económica para el Derecho administrativo, la reseña se centra en tres ejes fundamentales: (i) la referencia a las TIC como un servicio público orientado hacia el acceso y el servicio universal, (ii) la necesidad de un órgano regulador independiente y (iii) la adecuación o no de la Comisión de Regulación de Comunicaciones a la realidad colombiana, las demás instituciones y su marco regulatorio. Aunque Colombia ha realizado un amplio esfuerzo en materia regulatoria y ha buscado crear instituciones con potestades regulatorias efectivas, en este tema surge el cuestionamiento de si el ente regulador –en este caso la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones– es realmente independiente con el fin de que efectivamente pueda ser útil para la realidad de nuestro país.
The study, about the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), analyzes the socioeconomic role upon Colombia’s telecommunications (TIC). Colombia has profited from the importance of this new public service, therefore the country has orientated its legal framework to ensure the access and universal service of these technologies. This analysis is centered on the telecommunication sector; it studies the markets, the regulation structure and their amendments. Given the relevance of regulations to the administrative law, this paper will center on three fundamental axes: (i) the TIC as a public service that is guided towards the universal access and service, (ii) The need for an independent regulatory body (iii) the adequacy or otherwise of the Telecommunications Regulatory Commission to Colombian reality, other institutions and the regulatory framework. Even though Colombia has strived to create regulatory institutions in this sector, there’s still the questionable matter of the independence of some administrative entities such as the TIC Regulation Commission (crc, for its Spanish initials). This independence would be of extreme importance for the effectiveness of the regulations they are to impose.
