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Boris Saavedra
A finales de los años setenta y principios de los ochenta, Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron escenario de una serie de conflictos internos, en gran parte como resultado de las desigualdades económicas y sociales, y de regímenes políticos represivos, alimentados por las políticas de las grandes superpotencias de la época. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, la presencia de empresas de seguridad privada en Guatemala se ha incrementado en forma significativa en relación con el ambiente de inseguridad y la demanda de protección por parte de la sociedad en general. La prestación del servicio de seguridad por el sector privado constituye un reto al papel del Estado como protagonista principal de los asuntos de salvaguardia y garante del amparo físico y patrimonial de los ciudadanos. En ausencia de un sistema legal eficiente o de una estructura regulatoria, estas actividades del sector privado plantean el tema de la legalidad, legitimidad y entrega de cuentas en la esfera de la política de seguridad. Este ensayo tiene como objetivo analizar el estado del control y la supervisión del sector privado en el ámbito de la seguridad pública de Guatemala.
