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Frank Harbottle Quirós
La legislación costarricense no es contraria con el marco jurídico de protección de los derechos fundamentales de las y los menores en cuanto a la edad mínima de responsabilidad penal. Ha sido establecida por la Ley de Justicia Penal Juvenil en doce años. Queda pendiente discutir seriamente si ese monto debe elevarse. A pesar de lo dispuesto por la normativa, no todas y todos los jueces la aplican conforme a derecho. Un claro ejemplo de ello es un reciente caso en el que un Juzgado Penal Juvenil condenó penalmente a un menor sin haber cumplido los doce años de edad para el momento del hecho delictivo. Afortunadamente la Sala de Casación Penal, a través de un procedimiento de revisión, bajo la causal de grave infracción a los deberes del juez, emitió un fallo absolutorio y ordenó el cese inmediato de las sanciones impuestas, con fundamento en la normativa nacional e internacional vigente en materia de derechos humanos de las y los niños y adolescentes.
Costa Rican law does not conflict with the legal block for the protection of fundamental rights of minors as to the minimum age of criminal responsibility.
It has been established by the juvenile criminal law in twelve years. It remains to seriously discuss whether this amount should be increased. Although the provisions of the regulations, not all and all judges apply according to law. A clear example of this is a recent case in which a Juvenile Criminal Courts sentenced a minor without complying with the twelve years old at the time of the crime. Fortunately the Criminal Cassation Chamber, through a review process, based on the cause of serious breach of the duties of the judge, issued a judgment of acquittal and ordered the immediate cessation of sanctions imposed, based on national and international regulations human rights relating to children and adolescents.
