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Francisco Javier Díaz Revorio 
El examen comparado de las garantías jurisdiccionales de las elecciones sirve para reflexionar sobre el sentido de las mismas y, más ampliamente, sobre la relación entre Derecho Electoral y Derecho Constitucional, y sobre Justicia Electoral y Justicia Constitucional. La Justicia Electoral se inserta así entre las garantías constitucionales, orientándose a la preservación de los derech s de participación política. Las acusadas diferencias institucionales entre el sistema de garantías electorales en México y en España ponen de relieve las muy diversas posibilidades de organizar un sistema de Justicia Electoral. En México existe una específica jurisdicción electoral que conoce de todos los procedimientos en materia electoral, encabezada por el Tribunal Electoral, que asume las garantías electorales mientras que el resto de garantías constitucionales recaen en la Suprema Corte de Justicia, produciéndose así una especie de «bicefalia». En España, en cambio, los procesos electorales se encomiendan a la jurisdicción contencioso-administrativa, quedando el amparo electoral como recurso subsidiario ante el Tribunal Constitucional, en el que confluyen las garantías electorales y el resto de garantías constitucionales. Todas las opciones son aceptables si sirven a la finalidad de garantía de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales en juego, pero es necesario que un sistema de garantías mantenga una coherente lógica interna.
The comparative examination of judicial guarantees of the elections serves to reflect on their meaning and, more broadly, on the relationship between Electoral Law and Constitutional Law, and on Electoral Justice and Constitutional Justice. The Electoral Justice is inserted between constitutional guarantees, geared to the preservation of political participation rights. The marked institutional differences between Mexican and Spanish systems of electoral guarantees highlight very different possibilities to organize a system of Electoral Justice. In Mexico, there is a specific electoral jurisdiction, who knows all the procedures on electoral matters, headed by an Electoral Court, which assumes the electoral guarantees, while the rest of constitutional guarantees are entrusted to the Supreme Court, existing two heads in the system of electoral guarantees. In Spain, in contrast, electoral processes are entrusted to administrative jurisdiction, leaving the «electoral amparo appeal» as subsidiary to the Constitutional Court, in which electoral guarantees and the rest of constitutional guarantees converge. All the options are acceptable if they serve the purpose of constitutional principles and fundamental rights guarantee, but it is necessary for a system of guarantees maintaining a consistent internal logic.
