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Francisco-Manuel Caamaño-Domínguez 
Dos son los principales cauces de relación entre las lenguas y la justicia. El primero se produce cuando la justicia se pronuncia sobre regulaciones o controversias jurídicas surgidas en asuntos relativos al conocimiento y uso de las lenguas. La falta en España de una política lingüística común y la inexistencia de órganos públicos estatales que faciliten el encuentro entre las diversas lenguas oficiales, así como la reflexión sobre cómo mejorar su convivencia y favorecer su reconocimiento y uso, ha implicado, en la práctica, que todos los conflictos lingüísticos terminen siempre ante el juez. Además, con carácter general, la justicia se ha pronunciado sobre este asunto sin que se incorporasen al proceso, mediante informes y pericias, la realidad sociológica de las lenguas o su estado de situación, elementos, sin duda, imprescindibles para ponderar la proporcionalidad de las medidas de protección aprobadas a favor de una lengua oficial minoritaria.
La segunda conexión se produce, en nuestro país, como consecuencia de la doble oficialidad lingüística existente en algunos territorios. De todas las Administraciones Públicas, la de justicia es, con mucho, la que menos ha avanzado en el uso de lenguas oficiales distintas del castellano.
No es casualidad. El artículo 231.1 de la LOPJ, una interpretación corporativa de la reserva de ley orgánica en materia judicial y una utilización interesada del deber de conocimiento del castellano y el derecho de las partes a no padecer indefensión explica, en cierto modo, ese marcado desequilibrio. Por otra parte, la aplicación estricta del principio de territorialidad, sin modulación alguna, ha llevado a que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional no hayan podido colaborar en la tarea institucional de prestigiar todas las lenguas de España. El autor defiende y propone otra opción interpretativa que permita una acción estatal conjunta y, por tanto, la existencia una política pública estatal de reconocimiento y valorización de todas las lenguas oficiales, dentro del marco constitucional y estatutario vigente.
