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Esta tribuna trata de analizar, de forma breve, algunos problemas que se presentan en el ejercicio práctico de la acción reivindicatoria. Se intenta aclarar la existencia de dos presunciones legales que operan en favor del demandante, cuales son la del artículo 38.1 de la Ley Hipotecaria, de legitimación de lo inscrito en el Registro de la Propiedad, y la relativa a la presunción de la titularidad actual del bien reivindicado por parte de los demandantes. También se realiza una leve incursión sobre la aportación de escrituras públicas y certificaciones catastrales y su valor probatorio en este procedimiento.
