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El anteproyecto del Gobierno del PP de nueva regulación de la Ley del Notariado ha supuesto un intento de privatización del control de oficio por el juez de instancia de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos bancarios concertados con consumidores. Esto conlleva un grave incumplimiento de la normativa comunitaria desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aplicación del artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2010/C83/2002), en el que se establece que: "En las políticas de la Unión se garantiza un nivel elevado de protección de los consumidores".
