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Francisco Fernández Segado 
El reconocimiento constitucional de los derechos de segunda y tercera generación, incorporados en ba se a criterios sociales y económicos, plantea la pro blemática del diseño de mecanismos eficaces para garantizarlos. Este tipo de derechos se protegen de manera mucho más operativa con medidas legislativas de promoción que con intervenciones de los órganos jurisdiccionales, a pesar de la evidente im portancia de éstas. En la práctica es frecuente, sin embargo, que los poderes del estado no desarrollen legislativamente los derechos de segunda y tercera generación, a pesar de la existencia de un mandato expreso en el propio texto constitucional. Nos en contramos entonces ante la problemática de la in constitucionalidad por omisión.El doctor Fernández Segado desa"dla a lo largo del presente artículo el concepto de inconstitucio nalidad por omisión, su aplicación por los tribuna les europeos y su inclusión en las constituciones de Brasil y Portugal. Además, analiza la novedosa figura procesal del «mandado de injuncao», que a pesar de tener la misma finalidad de la acción de in constitucionalidad por omisión, guarda notables diferencias con ésta.
