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Javier Nistal Burón
La Ley 4/2015, de 27 de abril (BOE 28-4-2015) que regula el Estatuto de la víctima del delito introduce, entre sus numerosas novedades, una modificación sustancial en el régimen del cumplimiento de las penas privativas de libertad, en cuanto que permite que las víctimas tengan intervención en este ámbito, al conferirles la posibilidad de impugnar determinadas decisiones que les afectan. Esta intervención activa de la víctima en el cumplimiento de la condena, inexistente hasta la fecha, puede interferir en las decisiones que afectan al modo de cumplimiento de las penas privativas de libertad, lo que podría afectar a la realización del objetivo resocializador del penado, que tiene atribuido como objetivo principal la pena privativa de libertad en el artículo 25.2 de la Constitución española.
