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Laura Flores Anarte
En el verano de 2011 los dos principales partidos políticos de nuestro país se ponían de acuerdo para acometer la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Siguiendo las recomendaciones de las instituciones comunitarias, el precepto introducía en la norma de mayor rango de nuestro ordenamiento jurídico reglas relativas a la estabilidad presupuestaria. En este artículo se analiza tanto el procedimiento exprés por el cual la reforma se llevó a cabo, en el que destacan la acumulación de procedimientos excepcionales, la falta de consenso político y el soslayo del debate ciudadano; así como el contenido de la misma, que supone en la práctica una reducción del gasto público que finalmente se concreta en recortes en servicios y prestaciones públicos, afectando negativamente a los derechos sociales de la población.
In the summer of 2011 the two main political parties of this country reached an agreement to introduce an amendment to Article 135 of the Spanish Constitution. In accordance with the recommendations of the European Union Institutions, the precept established a set of rules relating to budgetary control to be part of the higher norm of the Spanish judicial system. This article is an analysis of both the procedure by which this “highspeed” amendment was carried out, pointing the accumulation of exceptional procedures, the lack of any political consensus and the avoidance of public debate; as well as its contents, which in practice mean a reduction of public spending, leading to cuts in services and public welfare which in turn undermine people’s social rights.
