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Antoni Pigrau i Solé 
, Antonio Cardesa Salzmann
La presión de la demanda de recursos naturales y de energía en el mundo desarrollado sigue creciendo y, con ello, los impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos de las personas vinculados en especial a las actividades extractivas llevadas a cabo por las mayores empresas transnacionales. La suma de tres factores —la vinculación entre daños al medio ambiente y vulneración de derechos humanos, la debilidad de la legislación y la incapacidad o la falta de voluntad de la institucionalidad que debe aplicarla en muchos de los países donde se desarrollan dichas actividades y la inexistencia de vías internacionales para reclamar la responsabilidad directamente a las empresas— ha llevado a las víctimas de graves daños ambientales a utilizar a la vez todo tipo de vías disponibles (judiciales y nojudiciales, nacionales e internacionales), en lo que cabe denominar acciones entrelazadas, puesto que todas ellas acaban por reforzarse mutuamente y aumentan la visibilidad del problema. El objetivo de este trabajo es mostrar esta realidad a partir del caso concreto del impacto de las actividades de la empresa petrolera Shell, una de las empresas que opera en el delta del Níger.Este artículo se basa en uno de los estudios de caso realizados en el marco de un proyecto más amplio de investigación vinculado al Proyecto Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT), VII Programa Marco de la Unión Europea, Número FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010–1, y al proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, «La garantía jurídica de la vertiente intrageneracional de la justicia ambiental como aspecto social del desarrollo sostenible» (DER2010-19529).
The demand for natural resources and energy continues to growin the developed world and, with it, the negative impacts on the environment and the rights of the peoples directly affected by extractive activities undertaken by the largest transnational corporations. Three factors compel victims of serious environmental damage to resort simultaneously to any available avenue of legal action (whether judicial or non-judicial, national or international): (1) the link between environmental damage and human rights abuses; (2) weak legislation, combined with the inability or unwillingness of the law-enforcing institutions in many countries where such extractive activities take place; and (3) the absence of international avenues to claim direct liability from corporations. We call this phenomenon intertwined actions, as the various judicial actions undertaken by the victims end up mutually reinforcing and increasing the visibility of the problem. The aim of this paper is to show this reality on the basis of the various instances of litigation that are taking place in the specific context of Shell’s activities in the Niger delta.
