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Dionisio Fernández de Gatta Sánchez 
La protección del medio ambiente se considera una función pública, y especialmente de las Administraciones Públicas, desde los años setenta del pasado siglo;
y así se reconoce en los Tratados Europeos y en la Constitución Española de 1978.
Pero, en ocasiones, y por diversas razones, los Poderes Públicos no utilizan sus típicas potestades de policía, sino que prefieren no obligar a los ciudadanos o a las empresas a realizar determinadas acciones, usando entonces los denominados instrumentos de mercado, de carácter estimulante, y complementarios de los fines públicos establecidos por el Ordenamiento Ambiental. Entre estos, y como complemento a la política de protección de la naturaleza, destaca la denominada Custodia del Territorio, cuyos antecedentes, tanto en otros países como en España, otros instrumentos similares y el régimen vigente son el objeto de este trabajo.
The Environmental Protection is considered a public service, and especially the government, from the seventies of the last century; and well recognized in the European Treaties and the Spanish Constitution of 1978. But sometimes, for various reasons, the public authorities do not use their typical police powers, but prefer not force citizens or firms to perform certain actions, then using the so-called market instruments, stimulating character, and complementary public purposes established by the Environmental Planning. Among these, and in addition to the policy of nature protection, called out the Land Stewardship, whose history, both in other countries such as Spain, other similar instruments and the current system are the subject of this paper.
