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Andrés Boix Palop
La reforma local de 2013 ha sido la más ambiciosa transformación del régimen local español desde que en 1985 se aprobó la norma básica estatal (Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local) que determina cómo han de funcionar Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Aunque finalmente no ha supuesto una revolución tan profunda como sus impulsores deseaban, sí va a introducir cambios de cierto relieve en cómo se despliegan y actúan las Administraciones locales en nuestro país, cuya labor es de una gran importancia para la cohesión social por ser las más próximas a los ciudadanos. Básicamente, y debido a la vocación recortadora de la norma, conviene analizar las mermas en representatividad y participación ciudadana que se van a derivar de los cambios legales, la incidencia social y económica que el nuevo modelo de prestación de servicios públicos impuesto por el legislador permite avizorar y, por último, reflexionar sobre el estado de los servicios públicos locales, especialmente los sociales, en cuanto a la consecución de una mayor cohesión social.
