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En el presente artículo se analiza el posible impacto, en el campo político electoral costarricense, de una reciente sentencia de la Sala Constitucional, que obliga a modificar y a renegociar las reglas referentes a la financiación pública de las campanas políticas. Se distinguen, así mismo, los factores históricos de los de orden regulativo y de las eventuales medidas de privilegio, que han hecho posible o que han reforzado la actual bipolaridad partidaria y, se concluye, que la sola eliminación de esos privilegios no parece conducir necesariamente a una transformación inmediata del campo bipolar, que se ha venido configurando durante estas últimas décadas, a partir de la posguerra nacional.
