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Juan Manuel Trak Vásquez
Con una economía en estado crítico y bajo la presión de los precios del petróleo en mínimos, el gobierno de Nicolás Maduro atraviesa una crisis de legitimidad interna agravada por las críticas latinoamericanas a la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El 5 de marzo de 2013 puede ser considerado un punto de inflexión en la política venezolana. El anuncio del fallecimiento de Hugo Chávez fue el final de un proceso iniciado con su elección en diciembre de 1998. Su ausencia ha supuesto un vacío de poder que no ha llenado ningún actor político y, a dos años de su muerte, Venezuela transita por una crisis política, económica y social sin precedentes. A este escenario se añade la caída de los precios del petróleo y sus consecuencias sobre la capacidad de maniobra del gobierno en el plano internacional, las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, así como las presiones provenientes de actores externos por las denuncias de violación de los derechos humanos, civiles y políticos.
En un primer momento, los problemas de sucesión en el seno del chavismo fueron resueltos por el propio Chávez en diciembre de 2012, con la designación de Nicolás Maduro como vicepresidente de la República y su sucesor en caso de no poder ejercer el poder tras la operación de cáncer a la que fue sometido en Cuba. Sin embargo, la ajustada victoria en las elecciones del 14 de abril de 2013 frente al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, por menos del dos por cien de los votos, tuvo como consecuencia la aparición de importantes dudas sobre la legitimidad de su elección, así como sobre su capacidad para conducir el país.
Desde la oposición se acusó al gobierno de haber ganado las elecciones gracias al uso excesivo de los recursos del Estado para la promoción de la candidatura de Maduro. De hecho, Capriles exigió una auditoría completa del proceso de votación, que fue negada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia. Pero más allá, la crisis de legitimidad de Maduro es consecuencia de un incremento en la percepción de su incapacidad para solventar la difícil situación que atraviesa Venezuela. En este sentido, empresas demoscópicas como Datanalisis indican que en mayo de 2013 Maduro tenía un nivel de aceptación del 50 por cien, y en marzo de 2015 dicho apoyo apenas superaba el 20. En el propio partido del gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se han alzado voces cuestionando la capacidad de Maduro para manejar la crisis política y económica actual.
Esta crisis de legitimidad tuvo su máxima expresión entre febrero y mayo de 2014, cuando los universitarios y parte de la sociedad civil manifestaron su descontento por la situación de inseguridad y desabastecimiento. Las protestas fueron reprimidas violentamente por el gobierno, con el resultado de la muerte de 43 personas en todo el país, la violación de los derechos humanos de muchos ciudadanos y el encarcelamiento de manifestantes y líderes opositores, siendo los más emblemáticos Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, así como la destitución de facto de la diputada María Corina Machado. Recientemente, el encarcelamiento del alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, supuso una continuidad en la persecución a los opositores.
