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Francisco Marcos Fernández, Albert Sánchez Graells 
El reconocimiento de «derechos humanos corporativos» a las personas jurídicas imputadas en procedimientos sancionadores en materia de defensa de la competencia se ha producido de manera acrítica, contraviniendo el espíritu y la lógica que explican su aparición como instrumentos de protección de las personas físicas frente a las interferencias en su vida, dignidad y libertad por los poderes públicos. Además de carecer de fundamentos jurídicos sólidos, la expansión de los «derechos humanos corporativos» dificulta indebidamente la aplicación de las normas de defensa de la competencia y distrae a las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos de sus principales quehaceres. Este trabajo aboga por una reconstrucción de las garantías de los imputados en los procedimientos sancionadores antitrust, que son casi siempre compañías mercantiles, fundadas en las exigencias del Estado de Derecho y de la buena administración y regulación públicas, pero al margen de la dogmática de los derechos humanos.
