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Gema Tomás Martínez
La Unión Europea está promocionando la participación financiera de los empleados en los beneficios de las empresas, especialmente en la propiedad del capital social, mediante el modelo de los llamados Employee Stock Ownership Plans (ESOPs). Se trata de un sistema muy exitoso en EEUU donde son conocidos no solo por su influencia en el aumento de la innovación y competitividad de pequeñas y medianas empresas, sino también para lograr la transmisión de empresas familiares. El Parlamento Europeo anima a los Estados miembros en una reciente Resolución de 14 de enero de 2014 a desarrollar modelos nacionales de este tipo de planes para las empresas europeas y también estimula a la Comisión Europea a reflexionar sobre un posible modelo europeo opcional (régimen 29º). El hándicap desde el punto de vista de Derecho civil es que los ESOPs se articulan mediante el trust, se han implementado en Reino Unido y otros sistemas jurídicos de common law, pero es un reto adaptar este trust a los sistemas de civil law como España. Este artículo trata de analizar si planes de este tipo pueden ser posibles en nuestro ordenamiento jurídico y bajo qué institución fiduciaria
The European Union is promoting employee financial participation in company proceeds, especially in company stock under the so called Employee Stock Ownership Plans (ESOPs). These plans are successful in USA not only for its influence increasing innovation and competitiveness, but also in achieving the transfer of closely-held businesses. The European Parliament through the Resolution of 14th January 2014 encourages Member States to develop national models in Europeancompanies and at the same time it calls European Commission to think about a possible European optional model (29th system). The handicap is that ESOPs are articulated by trust and employee benefit trusts have been extended to the UK and other common law legal systems. However, it is a challenge to implement this trust into civil law systems where this institution does not exist. This would be the case of Spain. This article is about whether such schemes could be possible in our legal system and under what fiduciary institution
