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Lorenzo Álvarez de Toledo
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 6 de febrero de 2014, ha concluido dentro de nuestro organigrama jurisdiccional –otra cosa será lo que dictamine el TEDH, en su caso – la pugna de dos padres para obtener la inscripción de dos niños, como hijos propios, en el Registro Civil español. Se trataba de un supuesto de maternidad subrogada, contrato celebrado en California, lugar en el que la maternidad por sustitución da lugar al establecimiento de vínculos legales de filiación entre los comitentes y el niño nacido de una tercera mujer, con independencia de que el nacido tenga o no material genético de tales comitentes. Las razones del Tribunal Supremo para denegar la inscripción de una tal filiación en el Registro Civil español, no carecen de peso, pero tampoco son irrefutables. Las necesidades de la sociedad, el carácter abierto de la familia en nuestro ordenamiento, tantas veces proclamado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y la necesidad de un status civilis único para el niño nacido en un Estado con un sistema de filiación y llevado a otro Estado con un sistema radicado en principios opuestos, reclaman hoy que se abra un debate. ¿Debería suprimirse el art. 10 de la LTRA y abordarse una regulación justa del contrato de maternidad de sustitución?
The Judgment of the Supreme Court, 1st of February 6, 2014, has culminated within our jurisdictional pyramide, whatever could provide in this respect, the struggle of two parents for the registration of their children, in the Spanish Civil Registry. It was a case of surrogacy contract entered into in California, where Maternity substitution results in the establishment of legal ties of filiation between the principals and the child born of a third woman, regardless of whether the baby has or not genetic material of such constituents. The reasons for the Supreme Court to refuse to register such a parental linkage in the Spanish Civil Registration, do not lack of weight, but are far to be conclusive. The needs of society, the family opened in our legal system, so often proclaimed by the jurisprudence of the Constitutional Court, and the need for a single status civilis for the child born in a state with a scheme of affiliation and taken to another State with a system based in opposing principles, claim today the opening of a deep debate. Should we remove art. 10 LTRA in order to tackle a fair regulation of surrogate motherhood contract?
