El ordenamiento procesal español no está preparado para atender las reclamaciones procedentes de la contratación masiva que preside hoy en día la relación entre consumidores y empresas. El tratamiento individualizado de los casos, las tasas y otros costes de acceso a la jurisdicción junto con los tiempos en los que se produce la respuesta judicial configuran un marco en el las empresas no tienen ningún incentivo para alcanzar acuerdos extrajudiciales. El resultado es perjudicial para la tutela de los derechos de los consumidores y provoca sobrecarga en los juzgados.