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En un desafío a la mayoría republicana en el Congreso, Barack Obama se propone recuperar pilares de su programa político como la Ley de Inmigración o la protección del medio ambiente.
En su discurso sobre el estado de la Unión, el 20 de enero, Barack Obama sorprendió a la nación, y más aún a la recién ganada mayoría republicana en el Congreso, por la valentía con la que defendió los éxitos de los ocho años de su presidencia, la agresividad con la que atacó la negatividad de los republicanos y el alcance de sus propuestas para el futuro. Cualquiera diría que había ganado las pasadas elecciones de noviembre. Será un "pato cojo", como llaman en Estados Unidos a los presidentes en los últimos dos años de sus mandatos por la limitación de su capacidad de maniobra, pero Obama está demostrando que le queda aún mucho trecho.
Ahora que los republicanos han dejado claro en los últimos ocho años la imposibilidad de todo compromiso bipartidista y, es más, que su único programa político es el de oponerse a todo cuanto propongan los demócratas, el presidente Obama se ha lanzado a cumplir el suyo mediante órdenes ejecutivas y reglamentos, en el ámbito de su competencia constitucional. Ante todo, posponiendo la deportación de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales y, sobre todo, para mantener la unidad de las familias. Después, poniendo en vigor una severa reglamentación de la protección del medio ambiente, en especial los gases y vertidos contaminantes de minerías y plantas eléctricas. También ha sometido a una detenida investigación las consecuencias medioambientales que supondría la construcción del oleoducto de arenas bituminosas de Canadá al golfo de México, conocido como Keystone XL.
Los republicanos han presentado ante la judicatura federal recursos en contra de estos reglamentos y órdenes ejecutivas, con el pretexto de que suponen un abuso de la autoridad constitucional del ejecutivo. El Tribunal Supremo ha aceptado considerar, una vez más, un defecto técnico de la Ley del Seguro Médico Obligatorio: los subsidios que la ley otorga a quienes no puedan pagarlo en los Estados que, aprovechando una sentencia previa del máximo tribunal, no han aceptado la creación de centros de contratación de los seguros
