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Este trabajo presenta los resultados del estudio sobre la percepción de los efectos que ha tenido el proceso de implementación del programa federal de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal, México. En el esquema del PSA, los proveedores de servicios ambientales forestales (en su mayoría comunidades y ejidos) reciben una compensación económica por realizar actividades de conservación determinadas por el mismo programa, el cual es administrado en México por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). En virtud de que se ubican dos tipos de actores que intervienen en este proceso (por un lado, la CONAFOR, representando al comprador de servicios ambientales, y por otro las comunidades, de quienes depende la aplicación y la continuidad del programa en un determinado territorio) se planteó la necesidad de conocer la opinión comunitaria acerca del programa. De esta manera el análisis se enfocó en su percepción de los efectos para el cual se aplicaron encuestas a dos grupos de los representantes con diferente poder de decisión: los trabajadores que realizan labores de conservación y los comuneros que forman parte de la Asamblea General. En el estudio se evidenció la heterogeneidad de opiniones y la necesidad de evaluar a fondo los efectos del programa, a fin de proponer mejoras al instrumento y así lograr un mayor impacto en la sociedad y el ambiente.
The results of the study about the perception of effects of the implementing process of the federal Payment program for Environmental Services (PES) in the San Miguel and Santo Tomás Ajusco community, Federal District, Mexico, are presented in this paper. In this scheme the suppliers of forest environmental services (mostly communities and ejidos) receive financial compensation to perform conservation activities that are determined by the same program, which is administered in Mexico by the National Forestry Commission (CONAFOR). Two types of actors involved in this process were located: the CONAFOR (representing the buyer of environmental services), and the communities on whose decision depends the implementation and continuity of the program in a given territory. The analysis thus focused on the perception of effects within the community where surveys to two groups of representatives with different power of decision were applied: to the workers that are in charge of conservation works and to the community members who are part of the General Assembly. The heterogeneity of opinions was evident as the need to thoroughly evaluate the effects of the program, in order to propose improvements to the instrument and to achieve greater impact on society and the environment.
