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Mónica Guiteras
El Proyecto Castor de almacenaje submarino de gas es conocido por los más de mil terremotos ocasionados en octubre de 2013, así como por la deuda millonaria que ha generado, que deberá ser asumida por la población a través de la factura del gas. La opinión pública puso en entredicho el estudio del impacto ambiental por obviar el riesgo sísmico así como también la cláusula de la concesión que aseguraba a la empresa promotora una compensación por renuncia, incluso en caso de dolo o negligencia por su parte. El mecanismo financiero del proyecto, sobre el que se ha puesto menos énfasis, permitió en su día la refinanciación a través de una emisión de bonos, de una deuda que no dejaba de crecer. Hoy, el caso de Castor nos muestra el porqué de la ilegitimidad de la deuda de un megaproyecto impuesto e innecesario, pero también la lógica de una financiarización que sigue creciendo y buscando nuevas fórmulas a nivel global y especialmente en la Unión Europea.
