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Hemos contraído una enorme deuda pública como resultado de la persistente aplicación de una política de infraestructuras de transporte desarrollista, despilfarradora e insostenible que no es justificable ni entendible en términos de necesidades de movilidad. El español es el Estado europeo con mayor dotación de grandes infraestructuras de transporte y el que más invierte en ellas, al tiempo que estamos en el furgón de cola de la inversión social pero, sin embargo, es en esta donde se aplican los recortes. La explicación de este disparate no está en la lógica del transporte sino en los beneficios que obtienen unos pocos actores, políticos y grandes constructores, de tan suculentos contratos, muchas veces con prácticas presuntamente ilícitas como las que reflejan los “papeles de Bárcenas”.
