La Comisión Europea propuso la reforma del Reglamento «Bruselas I» en 2010. Siguiendo con el respaldo del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, las reglas se aplican a partir del 10 de enero de 2015, dos años después de la publicación en el Diario Oficial. Con ello se pretende hacer de la cooperación judicial civil en la Unión Europea más eficientes, en particular mediante el reconocimiento liso y ejecución de resoluciones judiciales en otros Estados miembros