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Encarnación Montoya Martín 
El proyecto de implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos en España a través del Plan Nacional de Empresa y Derechos humanos actualmente en elaboración, se inserta en un contexto de crisis económica caracterizada en España por la imperiosa necesidad de fomentar el empleo y la internacionalización de nuestra economía.
La Ley 2/2011 de Economía Sostenible hace una referencia expresa a la responsabilidad social de las empresas y a criterios de sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, lo que comprende el respeto a los derechos humanos. No obstante, su alcance es limitado, tanto por lo que respecto al ámbito subjetivo como al objetivo o contenido de su regulación.
En orden al deber del Estado de proteger así como de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, los Principios Ruggie contemplan expresamente el nexo especial existente entre el Estado en un sentido lato y determinadas empresas, es decir, entidades instrumentales del sector público.
Los Principios Rectores de la ONU son una manifestación del Derecho global que sitúa en el centro del sistema la dignidad de la persona. La incorporación expresa de tales principios con mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de reparación constituyen un motor de progreso y un elemento a tener en cuenta en la racionalización de la Administración y sus estructuras, contribuyendo a satisfacer el derecho a una buena administración.
