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Félix Arteaga Martín 
El espionaje y los delitos cometidos en el ciberespacio suponen entre el 15 y el 20 por cien del valor generado por la economía digital. No obstante, la ciberseguridad es también fuente de oportunidades económicas, industriales y tecnológicas que España podría aprovechar.
La ciberseguridad entró en la agenda de la seguridad pública y privada en la primera década del siglo XXI y, desde entonces, se ha mostrado como una de sus dimensiones más dinámicas. Este hecho se debe al desplazamiento de los servicios y la economía hacia el ciberespacio; el dominio global y en constante desarrollo compuesto por las infraestructuras de tecnología de la información - incluido Internet - , las redes y los sistemas de información y de telecomunicaciones.
Además de proteger la información, la ciberseguridad debe gestionar los distintos riesgos del ciberespacio. Desde el espionaje o robo por motivos económicos a los ataques contra servicios, redes, sistemas e infraestructuras críticas por motivos criminales, ideológicos, terroristas o de despecho personal. No solo están en riesgo la reputación, la identidad, la propiedad industrial, la ventaja tecnológica o la privacidad de empresas e individuos, sino la continuidad de los servicios públicos, la pervivencia de las infraestructuras críticas o la operatividad de los sistemas de seguridad y defensa, por no hablar del riesgo de que se malogren las oportunidades de comercio y prosperidad que abre la sociedad de la información.
El ciberespacio se ha mostrado hasta ahora bastante resiliente frente a los ataques, pero no es descartable que tarde o temprano quienes asaltan Internet consigan una tecnología disruptiva que haga impracticable su uso para la comunicación o el comercio. La desintegración digital, tal como advierte el Foro Económico Mundial (Global Risks 2014), es posible en la medida que todas las cosas se conectan a Internet (the Internet of things). El riesgo ya no es que deje de funcionar algún ordenador aislado o que se interrumpa la prestación de un servicio, sino la destrucción física de las redes e infraestructuras que se gobiernan a través de Internet o el fallo sistémico de todos los servicios e infraestructuras hiperconectados. La concentración de servicios abre también la posibilidad de que la quiebra de alguno de los grandes operadores deje fuera de servicio a la nube o que un ciberataque a los satélites anule el Sistema de Posicionamiento Global. Y el efecto sería mucho mayor porque la digitalización es irreversible y los servicios ya no podrían volver a funcionar como antes.
Sin llegar al fallo sistémico, la gobernanza del ciberespacio también plantea serias dudas cuando trascienden a los medios de comunicación las malas prácticas que llevan a cabo en ella los encargados de defenderla, cuando las agencias gubernamentales desarrollan métodos incontrolables para vigilar a sus ciudadanos y algunos gobiernos entrenan a sus especialistas para saltar las defensas que otros gobiernos y empresas habilitan para proteger la libertad, privacidad y propiedad de los suyos�
