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Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos 
España ya tiene un documento oficial que reflexiona sobre su lugar en el mundo y trata de ordenar la política exterior. ¿Cuál es el futuro de un ejercicio resuelto con aciertos de fondo y errores de forma? Durante la reciente elaboración de la Estrategia de Acción Exterior española (en adelante, Estrategia) se ha señalado con frecuencia que se trataba de una tarea inédita en nuestra historia. Sin embargo, merece la pena recordar que ya a finales de 2000 el ministerio de Asuntos Exteriores presentó un Plan Estratégico de Acción Exterior. Aquel documento pretendía renovar la actuación diplomática en el momento histórico en que España había agotado por éxito la estrategia de política exterior - nunca codificada pero claramente existente - definida desde la Transición: el célebre "España en su sitio".
En efecto, todos los objetivos marcados se habían cumplido en el instante simbólico del cambio de milenio. No solo habíamos ingresado en la década anterior en la Unión Europea sino que, por aquel entonces, el PIB español convergía ya con la media económica de los 15 Estados miembros. De hecho, los indicadores macroeconómicos eran mejores que los de Alemania (que incumplía el Pacto de Estabilidad), la deuda pública estaba a punto de obtener la triple A de las agencias de calificación y, por supuesto, acabábamos de acceder en el grupo de cabeza a la nueva moneda común que se había bautizado como euro justo en Madrid. Estábamos a la vanguardia del proceso de integración y también de la definición de una Política Exterior y de Seguridad Común, con un español como primer alto representante de la UE.
El desarrollo democrático, económico y social del país en el último cuarto del siglo XX había ayudado además a la internacionalización espectacular de un país que a finales de los años setenta era introvertido e incluso estaba semiaislado. Una transformación brillante y rápida plasmada en el ámbito diplomático, de la seguridad, de la proyección de su lengua global y su diversidad cultural, de la naciente cooperación al desarrollo, de las empresas que se tornaban multinacionales y, en fin, de una sociedad ya bien integrada en el mundo que se convertía en lugar atractivo para inmigrantes y estudiantes universitarios.
Comenzaba entonces la segunda legislatura de José María Aznar y su ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, pretendía abrir una nueva etapa de acción exterior más sofisticada que, sin abandonar el consenso europeísta, acompañase mejor esos cambios extraordinarios. La iniciativa duró poco. Menos de un año después, los atentados terroristas del 11 de septiembre derribaron las Torres Gemelas de Nueva York y también los fundamentos y premisas de aquel plan del que nunca más se supo. A partir del giro diplomático decretado entonces por el gobierno, retroalimentado por las pautas de deseuropeización, autocomplacencia y déficit exterior que generaron durante los años del boom inmobiliario interior, el papel de España en el mundo entró en una etapa de confusión estratégica que se prolongó durante buena parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien solo se interesó de verdad por la posición del país en la UE y en la globalización ya en la segunda legislatura.
