Las entidades de gestión entienden que el actual sistema, en el que la compensación parte de los Presupuestos Generales, es más indiscriminado que el anterior, ya que el dinero que se destina ahora a este fin proviene de los impuestos que pagan todos los españoles, mientras que antes sólo pagaban los consumidores de productos electrónicos sometidos al canon. La supresión del denominado canon digital y la decisión de pagar el importe de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, fueron medidas que pudieran ir en contra de lo dispuesto en la STRJ de 21 de octubre de 2010, dictada en el caso Padawan.