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María Jesús Elvira Benayas
A partir de los asuntos St Paul Dairy y Tedesco se ha puesto de manifiesto la necesidad de concretar la naturaleza de las diligencias preliminares y otras medidas de aseguramiento de prueba con el fin de determinar la norma procesal aplicable. La cuestión ha sido abordada en el nuevo texto de Bruselas I (1215/2012) con una mención expresa a este tipo de medidas en materia de propiedad industrial e intelectual. Procede ahora valorar cuál es el resultado obtenido.
El considerando núm. 25.º del Regl. 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que a partir de enero de 2015, sustituirá al Regl. 44/2001 sirve como un elemento para el aplicador que debe tener en cuenta los elementos que allí se indican. En él, el aplicador puede encontrar indicios para adoptar una medida cautelar al amparo del artículo del 35 Reglamento Bruselas I bis. Sin embargo, ello no obsta a que si el aplicador entiende que la diligencia concreta tiene una función probatoria (exhibición de documentos que se incorpora a un testimonio del secretario judicial, o la diligencia de obtención de datos consistente en un interrogatorio del posible autor, de quien almacena material... (art. 256.7.º LEC, por ejemplo) y no tenga «naturaleza cautelar» se utilice «sin perjuicio de la aplicación del Regl. 1215/2001». El considerando aporta una herramienta para poder delimitar la aplicación de los dos instrumentos europeos que pueden concurrir en este tipo de situaciones, pero que no es una solución definitiva y que será la práctica la que vaya añadiendo elementos para su mejora.
