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El tratamiento del delincuente peligroso ha sido sin lugar a dudas uno de los mayores problemas de la política criminal de los Estados, toda vez, es una realidad que no todas las penas privativas de libertad, pueden responder a la exigencia de reeducación y reinserción social, prevista en el art. 25.2 CE. La posible implantación en nuestro ordenamiento jurídico de figura de la prisión permanente revisable, es decir, imponer la pena correspondiente al delito cometido, para su cumplimiento efectivo e íntegro, aunque revisable, cada cierto tiempo atendiendo a la situación del recluso y su peligrosidad, ha sido objeto de polémica doctrinal sobre su consideración de derecho penal del autor o del hecho, y respecto a su posible encuadre constitucional.
