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Antonio Trevín Lombán
La Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular supone una vuelta al Estado policial. No tiene ninguna justificación de carácter social una norma que recorta derechos recogidos en la Constitución Española y que pretende, según la popia Exposición de Motivos de la Ley, "sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación". ¿Existe hoy en España dicha necesidad cuando, según los datos de la propia policía, durante el año 2013 las fuerzas del orden público solo actuaron en 23 manifestaciones de 25.461, es decir, en menos del uno por mil?
