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María Isabel González Pascual
El TJUE declaró nula la Directiva de Retención mediante sentencia de 8 de abril 2014. A juicio del TJUE la norma no respetaba el principio de proporcionalidad vulnerando el derecho a la vida privada y a la protección de datos recogidos en los artículos 7 y 8 CDFUE.
De este modo se ponía fin a la controversia generada por la Directiva de Retención de Datos. El presente trabajo estudia esta controversia desde la perspectiva del papel que los tribunales nacionales, el TEDH y el TJUE están llamados a jugar en la garantía de los derechos en Europa. No en vano, la sentencia Digital Rights Ireland puede significar un giro en la jurisprudencia del TJUE en la medida en que aplica de manera rigurosa los parámetros de protección de los derechos y aplica los estándares europeos sobre el derecho a la vida privada y a la protección de datos personales. No obstante, este caso también pone de relieve los fallos en el sistema europeo de protección de los derechos ya que, a pesar de que tribunales y doctrina consideraba casi unánimemente que la Directiva de Retención de Datos vulneraba derechos fundamentales, han sido necesarios ocho años para que finalmente fuera expulsada del ordenamiento. Esta demora solo se explica por las reticencias de los tribunales a la hora de cooperar en la protección de los derechos a pesar de ser dicha cooperación absolutamente indispensable en Europa.
The CJEU declared the Data Retention Directive to be invalid by judgment of 8 April 2014. According to the CJEU the Directive impinged on the proportionality principle and, by doing so, infringed both the right to privacy and data protection enshrined in Articles 7 and 8 of the Charter. This judgment ended the controversy derived from the Data Retention Directive.
This article analyses this controversy from the perspective of the role that national courts, the ECtHR and the CJEU may play to guarantee the fundamental rights in Europe. In this regard, the Digital Rights Ireland judgment might be a turning point in the CJEU case law because it applies a strict proportionality test as well as the European standards related to right to privacy and data protection. However, this case highlights the flaws within the European system of rights. In fact, even though scholars and courts almost unanimously considered that the Data Retention Directive violated fundamental rights, it took eight years to declare it null and void. Such a delay derives from the reluctance of courts towards judicial cooperation, although such cooperation is essential in Europe.
