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El nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica para la reforma de la justicia penal apunta a múltiples direcciones: desde las medidas para agilizar la fase de instrucción, hasta la trasposición de dos directivas comunitarias en materia de asistencia letrada y decomiso de bienes, pasando por la regulación de las intervenciones telefónicas y otras medidas limitativas de los derechos a la intimidad, la imagen o la protección de datos. El resultado es una norma miscelánea, apresurada y asistemática que legisla como si ya hubiese un fiscal investigador en lugar de un juez de instrucción.
