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Este texto describe las condiciones contextuales y dimensiones organizativas mediante las cuales las estructuras criminales mexicanas han evolucionado para constituirse en complejas federaciones de base nacional y amplia presencia territorial. También explica cómo se ha producido la expansión de la delincuencia organizada desde México hacia más de 40 países en los cinco continentes.Un aspecto que expone el texto y es de profunda preocupación, es el hecho de que en México solo se ha implementado el 46% de las medidas contenidas en la Convención de Palermo, y el 23% de las referidas a la Convención de Mérida. Por ello, se destaca el grado de ausencia en las políticas públicas mexicanas de los cuatro tipos de medidas operativas recogidas en ambos instrumentos jurídicos y que conciernen a: La coordinación interinstitucional, el combate y prevención de la corrupción, la cooperación legal internacional y la prevención social del delito, recursos y mecanismos que han sido exitosos en otros países como Colombia e Italia, donde se han implementado en más de un 97%.Se presenta la tesis de la paradoja de la sanción penal: a mayor despliegue de fuerza pública y represión estatal, los grupos criminales han respondido con mayor corrupción y violencia. La fuerza que estos últimos han tenido ha sido posible debido a sus patrimonios intactos y escondidos en la economía legal. México ha sido el destinatario de nuevas inversiones criminales debido a sus condiciones de paraíso patrimonial, situación que ha coincidido con el fenómeno de la proliferación de agencias de protección de índole privada (paramilitarismo), recurso al que, ante la indefensión social, las y los ciudadanos han recurrido en forma creciente para suplir la ausencia estatal.
