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En el presente artículo se analizará, en primer lugar, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara contraria al Derecho comunitario, la normativa española relativa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que introduce diferencias de trato no justificadas entre los residentes y los no residentes y, posteriormente, se analizan las medidas que pretende adoptar el Gobierno para intentar evitar esas discriminaciones.
