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La apresurada modificación de la jurisdición universal por la LO 1/2014 ha puesto de manifesto los riesgos de las reformas ad hoc en materias tan sensibles para nuestro país como el tráfico de drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Dejando a un lado los efectos sobre los delitos de Derecho penal internacional, la nueva regulación supuso un fuerte varapalo en la persecución internacional del tráfico de drogas que el Tribunal Supremo (TS) se ha apresurado a corregir en su decisión 592/2014, de 24 de julio. Las divergencias interpretativas entre los Juzgados Centrales de Instrucción (JCI) y el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) por un lado, y el TS por otro, ponen de manifiesto una vez más los problemas del Legislador para comprender el sentido y alcance de las disposiciones de los Convenios y Tratados Internacionales relativos a la persecución de delitos internacionales y transfronterizos.
