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Andrés Álvarez Arboleda
La excepcionalidad jurídica en Colombia, es una de las figuras que más ha afectado la consolidación plena de un ejercicio democrático dentro del Estado; su viabilidad constitucional entra en tensión con el modelo de Estado social y democrático de derecho, tanto en sus componentes fundamentales (liberal, democrático y social) como en sus finalidades; no sólo en lo que atañe al orden público y a la guerra externa, sino en materia social, económica y ecológica. A pesar de que uno de los objetivos de la Constitución Política de 1991 fue frenar el abuso de la excepcionalidad, la figura siguió vigente en el orden constitucional, y le ha correspondido a la Corte Constitucional limitar su utilización con base en los juicios de constitucionalidad. El control ejercido por la Corte adquiere gran importancia pues evita grandes abusos y desequilibrios en el ejercicio del poder. Sin embargo, la vigencia de esta figura, seguirá restringiendo los principios democráticos y la estructura institucional del Estado social y democrático de derecho. Por lo anterior, este artículo permite examinar su pertinencia y consagración en el sistema jurídico de los estados de excepción.
The exceptional legal in Colombia, is one of the figures who has most affected the full consolidation of a democratic exercise in the state, its constitutional viability is in tension with the model of social and democratic state of law, both in its fundamental components (liberal Democratic and social) and its aims, not only in relation to public policy and external war, but in social, economic and ecological state of emergency, which allows you to exercise the President of the Republic extraordinary powers when there are supervening events that seriously affect the order mentioned above. Although one of the objectives of the the to limit its use based on the judgments of constitutionality. This control is of great importance since it avoids many abuses and imbalances in the exercise of power. However, the validity of this figure will continue to restrict democratic principles and the institutional structure of social and democratic state of law. Therefore, it is necessary to redefine their relevance and commitment in the legal system.
