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María Teresa Alcolado Chico 
El objetivo del presente artículo pone de relieve el marco jurídico, un aspecto apenas tenido en cuenta por la doctrina, del procedimiento de las entregas vigiladas, como tal, y su incardinación en el ordenamiento y jurisprudencia españoles.
De un lado, hace referencia a la aplicación de los convenios internacionales que se han ido creando ante la necesidad de resolver los problemas que se plantean en este ámbito, y que tienen difícil encaje en las legislaciones internas de los estados cuando tienen que interactuar con las normas de otros países; de otro, el intento de unificar criterios y aunar esfuerzos en la lucha contra las distintas organizaciones criminales, así como llevar a cabo un procedimiento de actuación, lo más coherente posible, a la vez que documentado, fundamentalmente para favorecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los diferentes países. Aspectos a los que responde el título del presente trabajo cuyo objeto no ha sido tratado hasta ahora como un aspecto autónomo del Derecho procesal penal interno e internacional. A lo largo del mismo se intenta presentar las partes más significativas de las entregas vigiladas en España, con referencia a las normas internacionales que vinculan a nuestro país, las normas internas y la posición del Tribunal Supremo.
