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Paulo Sotero
Las elecciones brasileñas han sido un reconocimiento de las limitaciones de un modelo de crecimiento económico y de proyección internacional que no responde a las necesidades del país. El reto es corregir un sistema político disfuncional y romper el aislamiento.
Brasil completará en 2015 tres décadas de democracia enfrentado a problemas derivados en gran medida del ejemplar proceso de transformación en el que se embarcó desde el fin del régimen militar de 1964-85. La democracia está consolidada, se ha convertido en un fin en sí misma y los brasileños no la cuestionan. Pero presenta desafíos nuevos y más complejos, relacionados con la eficiencia del sistema de toma de decisiones, la calidad de vida de una clase media ascendente y cada día más exigente, y la inserción del país en un mundo en transformación.
A la mayoría de los 200 millones de brasileños les parecerá artificial celebrar los progresos económicos, políticos y sociales alcanzados desde el fin del gobierno militar, que no han sido pocos, ante el panorama adverso que ha ido ganando terreno a partir de 2011, y que explotó en las calles en multitudinarias manifestaciones que sacudieron el país en junio de 2013. En vísperas de las elecciones presidenciales de octubre de 2014, la baja tasa de desempleo era el único dato positivo en un escenario de crecimiento anémico caracterizado por los desajustes en las cuentas públicas, una inflación en alza a pesar de la congelación de precios ordenada por Brasilia, una baja tasa de inversión y la falta de confianza de los inversores y demás agentes económicos en el ejecutivo y en un fragmentado y corrupto sistema político, incapaz de encontrar soluciones eficaces y devolver el país a la senda de una prosperidad económica y socialmente sostenible.
El panorama desfavorable, alimentado por las equivocaciones acumuladas en la conducción de la política económica en una coyuntura internacional difícil durante los cuatro años de gestión de Dilma Rousseff - una tecnócrata sin experiencia política, elegida gracias a la inmensa popularidad de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva -, se ha visto agravado en 2014 por dos factores. En el interior, el país ha asistido a una especie de metástasis de la corrupción política, tras la revelación de los detalles de una operación de desvío de recursos de la empresa estatal Petrobras a partidos y políticos aliados del gobierno, en marcha ya desde el gobierno de Lula, por cuantías estimadas en miles de millones de reales y decenas, tal vez, centenares, de personajes implicados. En el exterior, el país se ha visto sometido a una insólita situación de aislamiento y pérdida de relevancia, tras asistir a la progresiva implosión de su política internacional y a la reducción del Itamaraty, el ministerio de Asuntos Exteriores, a un ministerio sin influencia en Brasilia, y en ese aspecto parecido a los otros 38 ministerios como órganos de formulación y ejecución de políticas públicas durante el gobierno de Rousseff.
Por primera vez, el futuro no parecía prometedor y el tamaño del desafío de renovación política, económica y diplomática se antojaba mayor y más complejo que la capacidad del país para responder a él.
Terminado el proceso electoral, que se ha revelado poco útil como foro para debatir los grandes desafíos nacionales, el país se veía enfrentado a un escenario de estancamiento y capacidad decreciente para responder a las exigencias planteadas por la nueva clase media de más y mejores servicios públicos, educación, salud, seguridad y ética en la dirección de la vida nacional.
