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Miguel Rodríguez-Piñero Royo 
En las últimas décadas se han generalizado en todos los ámbitos de las políticas públicos los mecanismos de colaboración público-privado (CPP). Estos sistemas, que están alineados con las últimas tendencias en el diseño de estas políticas, se han extendido también a las de empleo, incluyendo una pluralidad de servicios y actividades en han llegado al núcleo de la actividad pública en el mercado de trabajo, la intermediación. Encontramos prácticas de este tipo en multitud de países, y el nuestro también las está poniendo en práctica en este mismo momento, con cierto retraso respecto a otros. El momento tardío de implantación de estos sistemas; y la forma en que se han hecho, con posterioridad a la territorialización de los SPE y a la generalización de una iniciativa privada no lucrativa, han condicionado la manera en que la CPP se ha puesto en práctica entre nosotros. El Acuerdo Marco de agosto de 2013 ha servido de cauce para poner en marcha esta experiencia, que todavía no ha llegado a culminarse del todo, y que se enfrentará sin duda a problemas como consecuencia de este retraso, de la falta de financiación y de la situación del empleo en un contexto de crisis económica generalizada
