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Los bienes públicos han estado tradicionalmente dominados por una preocupación constante por respetar su conservación. Por ello, eran percibidos como una carga para las Administraciones públicas que debían procurar su conservación. Sin embargo, la evolución desfavorable de las finanzas públicas ha ocasionado que los poderes públicos comenzaran a analizar las posibilidades de generar y obtener ingresos a partir de los bienes.
