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La prescripción del delito, especialmente en los delitos contra la Hacienda Pública, es una de las cuestiones de la práctica procesal penal que ha hecho correr más ríos de tinta en los últimos años. Derivado de la doctrina establecida en la STC 63/2005, refrendada por otras posteriores como la STC 29/2008 (Caso Urbanor) y la STC 133/2011, no es suficiente para interrumpir el cómputo del plazo de prescripción la mera interposición de la denuncia o querella. Sin embargo, el Tribunal Supremo se muestra vacilante en la aplicación de esta nueva jurisprudencia constitucional, poniendo en duda lo que anteriormente exigió para las denuncias o querellas que interrumpían la prescripción en el delito fiscal (STS 1807/2001 Caso Estevill), y en las más recientes SSTS 1294/2011y 586/2014 (Caso Fabra), pero sin determinar conforme a la interpretación de la legislación ordinaria qué resolución será la que interrumpa el cómputo del plazo de prescripción.
