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La mediación penal de adultos no despega en nuestro país. La desconfianza que genera en las instituciones el acuerdo reparatorio al que voluntariamente pueden llegar víctima y acusado, y que afecta a aspectos raíz del derecho penal como el principio de legalidad, o la presunción de inocencia, paraliza su regulación al legislador. Un derecho penal en exceso garantista y la ausencia de un reconocimiento expreso a los derechos de la víctima en el proceso penal, potencia el alejamiento de las partes, y desaconsejan su contacto como paso previo para solucionar los problemas sociales, psicológicos, económicos y jurídicos que presenta el delito. El Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, y la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, apoyan los servicios de justicia restaurativa y regulan la mediación penal de adultos como un elemento importante en la estructura y el anclaje del moderno derecho penal.
