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Miguel Andrés López Martínez
La reparación a las víctimas del desplazamiento forzado es uno de los retos más importantes de nuestra sociedad que se puede lograr a través de la declaratoria de la responsabilidad estatal. Ante un fenómeno tan complejo, la intervención del juez acarrea algunas dificultades que podrían superarse si se ajustaran sus conceptos y prácticas a la luz de las recomendaciones hechas por expertos. La sentencia T-025 de 2004 y su posterior seguimiento, inspiraron a muchos de éstos para proponer soluciones al estado de cosas inconstitucional (ECI) evidenciado por la Corte Constitucional. Nos interesó saber cuáles propuestas lograron permear el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado, para luego averiguar qué tan sensible fue el juez de lo contencioso administrativo a las preocupaciones de los académicos. En el primer sentido, identificamos 18 propuestas bajo el rótulo de líneas de fuga teórica, como alternativas planteadas para ampliar el alcance del daño, su imputación y reparación en el ámbito de reclamación judicial. En el segundo sentido, contrastamos dichas líneas con los argumentos de cuatro fallos proferidos por el Consejo de Estado en esta materia entre 2004 y 2010. Finalmente, pudimos evidenciar que las líneas de fuga teórica no influyeron profundamente en la actividad del juez: aunque sus consideraciones fueron amplias al valorar el desplazamiento como un evento dañino complejo, sus órdenes se dieron dentro de los parámetros tradicionales.
