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L. Bay Larsen
se condena a España a pagar una suma a tanto alzado de 30 millones de euros por haber incumplido su obligación de ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia que resuelve un recurso por incumplimiento.
España no ha adoptado todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas de Estado ilegales concedidas a empresas por las provincias del País vasco
