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El Indulto es una institución anacrónica y antidemocrática, residuo de un pasado absolutista que sorprendentemente subsiste en nuestros días sin haber efectuado adaptación alguna a los principios y valores constitucionales. Se trata de una insostenible excepción al principio de separación de poderes, mediante la cual se confiere una facultad discrecional al Gobierno para que éste interfiera en la función que es propia del poder judicial y, además, para que pueda hacerlo sin fundamentación alguna.
