Acceso usuarios
Beatriz Mercado Martinic
Es internacionalmente reconocido que, para una adecuada gestión de los documentos que generan los órganos de la administración del Estado en cualquier país, es imprescindible la existencia de un cuerpo legal que regule la gestión de los archivos públicos, entendiendo que en éstos consta la documentación que las personas pueden requerir y hacer efectivo su derecho de acceso a información pública. La realidad chilena contempla diversas normas que regulan aspectos relativos a los archivos y gestión de documentos, generando una dispersión normativa que ocasiona problemas al momento de aplicar e interpretar las disposiciones en concordancia con la realidad que hoy podemos observar en la estructura de la Administración del Estado.
La segunda parte de esta investigación revisa los alcances que tiene la legislación vigente respecto de la eliminación de documentos, quedando de manifiesto que la principal normativa en la materia no emana de un órgano especializado, no instaura expresamente la valoración documental como principio archivístico que respalde el expurgo y que, en todos los casos no identificados expresamente, se otorga al jefe de servicio la facultad de eliminar la documentación que estime falta de interés.
Por último se hace una breve reseña de los dictámenes y decisiones más relevantes en materia de archivos públicos emanados desde la Contraloría General de la República y del Consejo para la Transparencia, con el fin de ilustrar la aplicación práctica de determinadas normas
It�s internationally recognized for proper management of documents generated by agencies of state administration in any country, it is essential to the existence of a legal body that regulates the management of public record, in which consists the documentation may be requested through the right of access to public information.
Chilean reality provides various rules that address issues relating to archives and records management, creating a regulatory dispersion which causes problems when applying and interpreting the provisions in accordance with the reality that today we can observe in the structure of the Administration.
The second part of this research reviews the scope that has the current legislation regarding the disposal of documents, become clear that the primary legislation in the matter not from a specialized agency, not expressly establishes the documentary and archival principle assessment to support the expurgation and in all cases not specifically identified, is given to the agency head the power to remove documents that it deems lack of interest.
Finally there is a brief overview of the most significant judgments and decisions concerning public records emanating from the Comptroller General of the Republic and the Council for Transparency, in order to illustrate the practical application of certain rules.
