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A. Prechal
No es contraria al Derecho de la Unión una normativa de un Estado miembro que exige a la madre, cuando se encuentra en la situación contemplada en el art. 21 de la presente sentencia, un requisito de duración de residencia de cinco años para la concesión de prestaciones familiares garantizadas, mientras que no exige tal requisito a sus propios nacionales
