Acceso usuarios
Darío Valcárcel
España debe concentrarse en lo único que interesa a Reino Unido en Gibraltar: su valor estratégico militar. Para reconducir a Londres a las conversaciones sobre soberanía, es preciso limitar al máximo el uso que hace de las instalaciones militares del Peñón.
Si hay un asunto que haya galvanizado la política exterior española durante más tiempo y sin importar régimen o signo político del gobierno, es el de la llamada, en lenguaje de las Naciones Unidas, "cuestión de Gibraltar". Las tensiones de agosto de 2013 volvieron a recordar que este es uno de los asuntos que moviliza a los medios de comunicación y a la opinión pública españolas, y es una de las excepciones a la regla general de que al gran público le importan bastante poco las cuestiones de política internacional.
La crisis de 2013 se originó a raíz de la denuncia por el gobierno de Gibraltar del Acuerdo Informal de 1999 que permite faenar a los pescadores del Campo de Gibraltar en las aguas cercanas al Peñón, así como por el lanzamiento de bloques de hormigón en lo que ha sido un caladero tradicional de los pescadores gaditanos. Ambas cuestiones, aunque revisten la gravedad inherente de cualquier acción unilateral con efecto sobre la vida de los ciudadanos de la zona, sirvieron para convertir una vez más la "cuestión de Gibraltar" en el foco de atención de la opinión pública y de la actividad diplomática tanto del titular de Asuntos Exteriores, como la del presidente del gobierno.
Intentaré extraer algunas conclusiones de una crisis que parece ya olvidada, pero que conviene tener en cuenta en lo que es una vuelta a la rutina. Estas conclusiones pueden ayudar a avanzar hacia una solución definitiva de este problema doloroso para la integridad territorial de España, y que representa a la vez un lastre real en las relaciones con un importante socio y aliado como es Reino Unido.
